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Noticias | Redacción Espacinsular

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, conformada por distintas organizaciones de la sociedad civil, saludó la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar las observaciones presidenciales que despenalizan la interrupción del embarazo en circunstancias especiales.

Esas interrupciones del embarazo , tales como cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida y cuando la mujer haya sido víctima de violación o incesto.

“Hoy se impuso la sensatez en nuestras y nuestros congresistas que supieron escuchar el clamor de la sociedad dominicana que pedía fuera revertida la nefasta decisión del Senado. Con este paso el Congreso abre una nueva oportunidad para legislar a favor del derecho y la vida de las mujeres”, expresó la Coalición mediante comunicado de prensa.

Afirmó que el movimiento feminista seguirá en la lucha para garantizar que cuando se reintroduzca el proyecto de Código Penal prevalezca la justicia y sean protegidos los derechos de todas las mujeres. Resaltó que esta y no otra es la voluntad de la ciudadanía dominicana, tal y como se manifestado en el Barómetro Latinoamericano 2014 y otras encuestas como Gallup, donde se evidencia que la mayoría de los dominicanos y dominicanas están de acuerdo en permitir el aborto en algunas causales.

La ilegalidad en la que se mantiene la interrupción del embarazo, adivirtió, atenta contra los derechos de las mujeres en especial el derecho a la salud. Es oportuno recordar que la República Dominicana es uno de los países que con mayor índice de mortalidad materna en la región. Esto es particularmente importante si se toma en cuenta que NO se cumplió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y hay serios riesgos de que no se cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible si se mantiene la tendencia actual. El 13% de las muertes maternas son causadas por abortos clandestinos practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad (SINAVE, 2014). Estas muertes maternas recaen sobre las más pobres y jóvenes.

Por tanto, la penalización total es un serio problema de salud pública, que el Estado debe afrontar con responsabilidad, como lo ha hecho la mayoría de las sociedades democráticas. “Esperamos que los Poderes Públicos hagan todo lo que esté a su alcance para avanzar en dirección a la eliminación de la alta tasa de morbi-mortalidad materna, a conveniencia del país, de la salud y de la vida de las mujeres”, concluyó la Coalición.