A continuación el Espacio de Comunicación Insular pública íntegramente el comunicado de prensa enviado por varias instituciones de derechos humanos que saluda la extensión por un año del Plan Nacional de Regulación Migratoria.
La Plataforma de Instituciones de Inmigrantes Haitianos y sus Familias en República Dominicana (PIHF-RD), La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), el Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), saludan la adopción, por el Consejo Nacional de Migración (CNM), de la Resolución CNM-01/17, mediante la cual se extiende por un año el plazo concedido a los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) para el depósito de los documentos.
La decisión de extender el plazo por un año para nuestras organizaciones, representa una solución justa que garantizará a los extranjeros la posibilidad de regularizar su estatus migratorio.
La Resolución del Consejo Nacional de Migración contempla la elaboración de parte de la Dirección General de Migración (DGM) de un protocolo de actuación en un plazo de 30 días. Al respecto nuestras organizaciones sugieren a las autoridades competentes escuchar sugerencias y recomendaciones de los sectores interesados y de los mismos extranjeros interesados en completar sus procesos de regularización.
Según cifras dadas a conocer en los medios de comunicación, el Plan Nacional de Regularización habría logrado regularizar solo un 3% del total estimado de extranjeros que acudieron al mismo. Sabemos que esta cifra no es un buen indicador para la evaluación de la efectividad del Plan. Este porcentaje indica que un 97% de extranjeros no habría completado el proceso. Para nuestras organizaciones, lo que realmente ha motivado ese dato han sido la enorme cantidad de requisitos a presentar y la dificultad para una persona indocumentada y en situación migratoria irregular a completar el proceso de forma satisfactoria. En su momento denunciamos que en realidad se trató de verdaderas trabas para que la mayoría de los extranjeros no pudiera completar todo el proceso.
Sin querer asumir una posición de defensa de las autoridades haitianas, creemos que la falta de cumplimiento del gobierno haitiano en otorgar las necesarias documentaciones, no es la única razón que ha determinado que solamente el 3% de los extranjeros pudiera terminar el proceso satisfactoriamente, ya que es de conocimiento público, que la mayoría de las personas que iniciaron el proceso, lo hicieron con algún documento de identidad (acta de nacimiento, pasaporte, cedula de identidad nacional, acta de bautismo, etc.).
La meta que debe alcanzar la sociedad dominicana con el PNRE es la regularización de la posición migratoria de la mayoría de los inmigrantes que en su momento se acogieron al Plan. No debemos ni queremos como defensores de derechos humanos y como ciudadanos dominicanos apostar a las deportaciones masivas como solución, ya que se trata de una práctica violatoria de los derechos humanos y de todos los pactos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estadio dominicano.
Nuestras organizaciones consideran que es imperativo agilizar los requisitos necesarios para la regularización, los cuales, como hemos declarado reiteradas veces, resultan absolutamente excesivos y no llevan al cumplimiento del objetivo fundamental y prioritario del Plan Nacional de Regularización.
La Plataforma de Instituciones de Inmigrantes Haitianos y sus Familias en República Dominicana (PIHF-RD), La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), el Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), entendemos que es útil que se haga una clasificación de todos los registrados, a los fines de que se les asigne uno de los estatus migratorios definidos en la Ley General de Migración.
Estamos conscientes que no todos los registrados obtendrán una categoría migratoria definitiva, sin embargo se debe considerar situaciones excepcionales, como por ejemplo la de los cortadores de caña, que han trabajado para los ingenios azucareros durante décadas. Estas personas ya ancianas, no deberían ser sometidas al conjunto de requisitos que se contempla en el Decreto 327-13.
Nuestras organizaciones están a completa disposición de las autoridades para acompañarlas en ese proceso y facilitando para que todos los inmigrantes que acudieron al Plan puedan terminar satisfactoriamente el proceso.
Dr. Manuel María Mercedes Medina Dr. Joseph Cherubín
CNDH -RD MOSCTHA
Jonás ALBATH Lic. Virgilio Almánzar
PIHF-RD CDDH