Con la conferencia “El Acceso a la Jurisdicción Constitucional de la República Dominicana”, dictada por el secretario general del Tribunal Constitucional, Julio José Rojas, culminó el 2do diplomado sobre “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana” organizado por Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
En la jornada de formación, que tuvo una duración de 5 meses, participaron miembros de organizaciones sociales e instituciones públicas vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos.
Rojas se refirió al derecho al acceso a la justicia como el derecho fundamental de toda persona a ser oída por un tribunal competente, independiente, imparcial y establecido con anterioridad por la ley, con las garantías mínimas del artículo 69 de la Constitución que consagra el debido proceso. Explicó que “este derecho le permite a todas las personas sometidas a un proceso que pueda afectarles tener la posibilidad de hacer valer sus derechos y defenderse, todo al amparo del sistema de garantías que establece la Constitución”.
El proyecto académico se desarrolló con el propósito de promover un cambio de perspectiva con respecto a la seguridad ciudadana, entendida no sólo como ausencia de violencia, sino como el aumento de los escenarios fundamentales para la construcción de una convivencia pacífica, desde el enfoque de derechos humanos, explicó la coordinadora general de la organización, Marisela Duval.
“Con este acto nuestra organización reafirma su compromiso de seguir luchando por los derechos humanos de todos y todas y hacemos un llamado a que ustedes asuman también ese compromiso, con responsabilidad de defender los derechos de poblaciones vulnerables como son: las personas con discapacidad, las mujeres, los migrantes, los niños y niñas, los grupos LGTB, y cualquier otro grupo que esté en riesgo de ser discriminado”, afirmó Duval.
El diplomado contó con la participación de varios expertos en la materia como las magistradas Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; Denisse Hernández de la Nuez, jueza del Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago; y Juana Omayra Santana, jueza titular del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Valverde. Así comoCarolina Ramírez, coordinadora del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; Carlos Pimentel, el gerente de Gestión Pública y Transparencia de Participación Ciudadana; Omar Ramos, experto en Derecho Constitucional y Administrativo; Domingo de Prats Ramírez, director Regional del Consejo Nacional de Drogas; y Ramón Estrella, presidente del Colegio de Abogados (Seccional Santiago).
En el proceso de formación, se beneficiaron 45 personas, de las cuales se graduaron 36, entre estos dirigentes sociales de Bonao, La Vega, Duarte, Puerto Plata y Santiago. También se integraron representantes del Ministerio de Educación, Fiscalía de Puerto Plata, Policía Nacional, Movimiento Fe Cristiana, Fundación Vermont, Frente de Organizaciones Populares, Acción Callejera, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Mujeres Empoderadas, Cefasa, UASD y Casas Comunitaria de Justicia.