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Noticias | Redacción Espacinsular

En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, cuatro expertos en derechos humanos instan al Gobierno de México a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una financiación continua y suficiente para el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para prevenir futuras crisis financieras.

 Los expertos de las Naciones Unidas y la CIDH constataron que el Mecanismo de Protección había logrado avances significativos, pero aún carece de recursos suficientes para ejercer plenamente su mandato.

 Los expertos también resaltan sus preocupaciones con respecto a los escasos avances en la erradicación de la impunidad de los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, los expertos estiman que es imperativo que las autoridades mexicanas fortalezcan el papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que pueda utilizar su autoridad legal para investigar y procesar crímenes contra periodistas.

 "Recibimos con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno de México para proporcionar fondos para el funcionamiento del Mecanismo de Protección durante todo el período de transición, pero seguimos preocupados por los desafíos financieros recurrentes que han impedido su funcionamiento continuo", dijeron.

 El Mecanismo proporciona protección a más de 700 personas. Durante 2018, varias autoridades y organizaciones de la sociedad civil dieron la alarma de que los fondos del Mecanismo se agotarían a fines de septiembre. El 5 de septiembre, la Junta de Gobierno del Mecanismo advirtió sobre la inminente falta de recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones y el hecho de que el Gobierno no haya cumplido con sus compromisos”. Desde 2016, el presupuesto del Mecanismo ha disminuido y, en 2017, también enfrentó una crisis financiera.

 Después de su visita a México, los Relatores observaron que el Mecanismo es la política pública más importante para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas en el país. "México es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos y periodistas, y un Mecanismo de Protección completamente financiado es simplemente esencial para prevenir efectivamente más ataques", afirmaron.

 Los expertos reiteran que "un ambicioso esfuerzo del Gobierno para aumentar las capacidades y el presupuesto del Mecanismo servirá al objetivo de una mejor protección y también enviará un mensaje de voluntad política para hacer de la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos una prioridad nacional".

 Los expertos llaman a las autoridades mexicanas a que refuercen las capacidades y provean fondos adecuados para los fiscales encargados de investigar y procesar los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, al adoptar, entre otros, un protocolo de investigación, reforzar las estrategias de investigación y la capacitación, reorganizar su estructura interna, mejorar la comunicación con las víctimas y aumentar la coordinación con las autoridades locales. Asimismo, toman nota de las acciones emprendidas recientemente por FEADLE para ejercer jurisdicción sobre las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach en 2017 y arrestar a los posibles autores de estos crímenes.

 Los expertos destacan su voluntad de continuar colaborando con el gobierno mexicano para fortalecer el Mecanismo y la implementación adecuada y completa de las recomendaciones emitidas durante y después de sus visitas oficiales al país.

 *Los expertos: El Sr. David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión; El Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos human;  El Sr. Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y El Sr. Francisco José Eguiguren Praeli, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El Sr. Kaye y el Sr. Forst, como Relatores Especiales de la ONU, forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

  El Sr. Lanza fue nombrado Relator Especial para la Libertad de Expresión en julio de 2014 por la Comision Interamericana de Derechos Humanos. La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho desempeña en la consolidación y desarrollo del sistema democrático. 

El Sr. Francisco José Eguiguren Praeli, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue elegido el 16 de junio de 2015, por la Asamblea General de la OEA, para un mandato de 4 años que termina el 31 de diciembre de 2019. Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto a los derechos humanos en la región y actúa como un órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por capacidad individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o de residencia.