En rueda de prensa celebrada esta mañana en la explanada de la Procuraduría General de la República, varias entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción y a la defensa de los derechos humanos, invitaron al Fiscal de Milán, Italia, Isidoro Palma, a venir al país para que prosiga en suelo dominicano la investigación sobre la participación del Grupo MaireTecnimont en la corrupción en Punta Catalina. 

El Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y la Marcha Verde hicieron pública la carta que le remitieron al Fiscal de Milán, el pasado martes, 12 de junio, en la cual respaldan la investigación que este fiscal inició contra la empresa italiana y lo invitan a él y a su equipo a que vengan al país a continuar las indagatorias.

 “Señor Fiscal General, nuestras entidades lo animan a usted y a su equipo a que vengan a República Dominicana a continuar profundizando las diligencias investigativas para develar y establecer las responsabilidades del Grupo MaireTecnimont en la mega corrupción de Punta Catalina. Estamos seguros que toda la sociedad civil y el pueblo dominicano respaldan esta invitación que les extendemos mediante la presente carta”, dicen en la misiva.

 Igualmente las organizaciones reclamaron en la rueda de prensa que la Procuraduría General de la República brinde todas las facilidades para que el Fiscal General de Milán, pueda realizar su investigación sobre Tecnimont, especialmente si éste decide venir al país.

 A mediados de abril, la Fiscalía General de Milán, abrió una investigación sobre la participación del Grupo MaireTecnimont en actos de corrupción cometidos en el proyecto de Punta Catalina y la policía financiera italiana allanó las oficinas de esta empresa en Roma y Milán, incautando equipos y documentos relacionados con el caso.

 Informaron que el Fiscal General de Milán, Isidoro Palma, respondió de inmediato por correo electrónico la carta remitida por las entidades. “Pido disculpa por mi mal español, pero quiero agradecerles la información que me han enviado sobre sus iniciativas”, escribió Palma.

 En la carta que dirigieron al Fiscal de Milán, las organizaciones fundamentaron su apoyo a la investigación y a la posible presencia de éste en el país, en que la corrupción es un delito transnacional al igual que el lavado de activos, el tráfico de personas y de drogas ilegales, y el terrorismo.

 “Por tanto su esclarecimiento, persecución y castigo no es privativo de forma exclusiva de una sola jurisdicción nacional. Esta condición está especialmente reafirmada en este caso, en el cual los infractores corresponden a diferentes orígenes nacionales distintos de donde se cometió el delito, utilizaron el sistema bancario y financiero internacional, y violaron legislaciones nacionales, convenios internacionales y reglamentos de las bolsas de valores a las cuales están suscriptos”, aclararon.

 Señalaron que el carácter transnacional del delito de corrupción y por tanto su persecución, está especialmente reforzado por el acuerdo de culpabilidadsuscrito por Odebrecht con el Departamento de Justicia de los EUA y otros dos países, que conllevó una sanción ascendente al pago de US$2,600 millones.

 Observaron que el Grupo MaireTecnimont al igual que la Constructora Estrella, por su condición de consorciados, están implicados con los actos de corrupción cometidos y confesados por Odebrecht en el proyecto de Punta Catalina.

 “Todos los integrantes de este consorcio se beneficiaron de los resultados de los actos de corrupción de Odebrecht, comenzando por la obtención de un contrato sobrevaluado y con términos diferentes a las bases de la licitación, como la inclusión de la cláusula de escalamiento de costos, que en el presente le está permitiendo a la empresa brasileña reclamar US$708 millones por sobrecostos ante la corte internacional de arbitraje de Nueva York, EUA , y ha trascendido que también está en curso otra reclamación en arbitraje de US$720 millones por parte de Tecnimont ante esta misma corte”, explicaron en la carta.

 También manifestaron en la misiva que Tecnimont debe explicarle a la Fiscalía de Milán las razones de por qué el costo de las plantas de carbón de Punta Catalina es varias veces superior a otras plantas semejantes construidas por la empresa italiana en otros países de América Latina, como Chile y Brasil, y demostrar que esta diferencia de costo no se tradujo en mayores e ilegales beneficios para ella y los demás consorciados.

 Expresaron su esperanza de que las indagatorias, avances y sentencia que obtenga la Fiscalía de Milán sobre la participación de Tecnimont en los ilícitos cometidos en Punta Catalina, “estimulará y allanará el camino para que se conozca y se castigue la totalidad de la corrupción y de los culpables de este proyecto en otras jurisdicciones, incluida también la República Dominicana, pese a la falta de independencia del Ministerio Público y de la Justicia dominicana”.

 Advirtieron que el proceso que se ventila en la actualidad en la Suprema Corte de Justicia a los acusados de haber recibido sobornos de Odebrecht, “por la gran debilidad del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público y por la manifiesta exclusión del proyecto de construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, hacen prever un desenlace que defraudará por completo las aspiraciones de justica de nuestro pueblo”.

 En ocasión de que el magistrado Francisco Ortega Polanco leerá el fallo de la fase de instrucción de este proceso, el colectivo Marcha Verde reitera su demanda de que se garantice la aplicación de la Ley sin exclusiones ni favoritismos y que sean investigadas todas las personas involucradas en actos de corrupción. “En este sentido anunciamos que el próximo viernes 21 a partir de las 9:00 a.m. estaremos en vigilia frente a la Suprema Corte de Justicia”.

Las organizaciones afirmaron que apoyan las investigaciones del Fiscal de Milán, “con la única y exclusiva finalidad de que se esclarezca y se castigue la corrupción en Punta Catalina que el pueblo en la calle llamó “la prueba del delito”.