América Latina y el Caribe atraviesa su peor crisis económica en un siglo, dice la comisión económica de la ONU para la región. La recuperación requerirá de políticas macroeconómicas expansivas, que incluyan el aumento de la recaudación fiscal y la inversión en la infraestructura de la vida, como la salud.
La recuperación de la crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19 será muy larga y lenta, advirtió este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en una conferencia de prensa para presentar su informe más reciente.
“Queremos destacar que las secuelas y efectos a mediano plazo de esta crisis serán mayores de lo que se pensaba y más largos de los esperados. Va a tomar varios años, años, y la recuperación será más lenta que la de la crisis subprime”, dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
El documento Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19 señala que la región vive la peor crisis económica en un siglo y prevé una contracción de 9,1% este año, lo que equivaldrá a un retroceso de diez años en términos de crecimiento.
La pandemia del COVID-19 tiene un impacto negativo histórico en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo.
Políticas macroeconómicas expansivas
Alicia Bárcena explicó que para remontar la cuesta, será esencial que los países de la región mantengan políticas macroeconómicas expansivas en las esferas fiscales y monetarias.
“Debemos prepararnos para una recuperación que no se va a dar en el 2021, ni probablemente en el 2022 o 2023”, insistió Bárcena, agregando que esa preparación implica políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural.
“Hay que fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales, y fortalecer la macro regulación prudencial junto a la regulación de los flujos de capitales para preservar la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano plazo. Aquí la cooperación internacional es fundamental para ampliar el espacio de las políticas macroeconómicas”, recalcó.
El estudio señala que para mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento hace falta que los países latinoamericanos y caribeños aumenten su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la región, comparado con el 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Evasión fiscal
Detalla que para lograr ese incremento se debe combatir la evasión y elusión tributaria -que llega al 6,1% del PIB regional-, además de consolidar el impuesto sobre la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, y establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados con la salud pública.
“Los países deben orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica fortaleciendo la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”, dijo Bárcena.
Con respecto a la cooperación internacional, la CEPAL llamó a ampliar la capacidad de financiamiento y liquidez por parte de las instituciones de crédito multilaterales tanto en lo inmediato como a mediano plazo. “El corto y el mediano plazo empiezan el mismo día”, sostuvo la titular de la Comisión.
Distribuir la liquidez
“En el mundo hay liquidez, pero está mal distribuida”, comentó la directora ejecutiva recordando que América Latina tiene dificultades para acceder a los créditos por ser considerada una región de ingresos medios.
En este sentido, llamó a ampliar los programas de crédito concesional a los países de la región y a incluirlos entre los que pueden necesitar alivio de deuda, como ocurre con las naciones del Caribe, caracterizados por su gran vulnerabilidad ante los desastres naturales y por su alta carga de pagos de intereses crediticios. Afirmó que el alivio de esos pagos permitiría que esos recursos se destinaran al desarrollo y a la construcción de resiliencia.
Bárcena abogó por la implementación de mecanismos solidarios de distribución de liquidez como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19, propuesto por Costa Rica, que plantea extender a los países en desarrollo -incluidos los de renta media- créditos a largo plazo (casi 50 años) con tasas cercanas a cero. Esa iniciativa requeriría de 516.000 millones de dólares provenientes de las economías desarrolladas y los préstamos se canalizarían a través de la banca multilateral para impulsar la recuperación.
Pese a las condiciones favorables que esboza esta propuesta, Bárcena enfatizó que no se trata de un regalo, sino de una muestra de solidaridad que beneficiaría a todos los países porque ayudaría a la recuperación y el regreso al crecimiento y desarrollo de la economía mundial. “No es gratis, no se trata de una beca, es un dinero que se pagaría”, puntualizó.