En un mundo atravesado por tensiones sin precedentes se ha disparado el gasto militar, y América Latina no es la excepción. ¿Se justifica esto en países afectados por tantos problemas sociales? ¿Por qué dar un mayor presupuesto a la “defensa” si no hay guerra entre Estados? ¿Quién gana y pierde con esta tendencia?
Por Octavio Enríquez
El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro, dijo el 19 de abril de 2024, a los congresistas de su país, que se estaban quedando con marineros sin barcos, con pilotos sin aviones y con soldados sin equipo. Ese era uno de sus principales argumentos para rechazar un posible recorte de fondos de su presupuesto militar, que equivale al 1,1% del Producto Interno Bruto, mientras el promedio mundial es de 2,3%.
Como suele ocurrir con las dimensiones de Brasil en todos los ámbitos, un porcentaje mínimo en apariencia es muchísimo en realidad. Ese 1,1 % del gigante suramericano equivale a 22.887 millones de dólares, el presupuesto de defensa más grande de América Latina.
Cinco días después de las quejas del ministro brasileño, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, conocido como SIPRI por sus siglas en inglés, alertó sobre un incremento sin precedentes del gasto militar en el mundo. Alcanzó los 2,44 billones de dólares en 2023, empujado por las guerras en Medio Oriente y Europa.
La cifra del gasto militar es tan grande que el analista venezolano Moisés Naím recordó recientemente en una columna en el diario El País que con el mismo se lograrían cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidas por Naciones Unidas en 2015 y calculadas en tres billones de dólares.
En medio de las tensiones crecientes, América Latina no es la excepción en estos incrementos presupuestarios, aunque no exista un conflicto entre Estados en su territorio, marcado históricamente por la desigualdad, la violencia y el ascenso de los líderes populistas. Brasil incrementó 10,24% su presupuesto de defensa en 2023, comparado con el año anterior. Otros países hicieron lo mismo: México 14,88% en el mismo período y Colombia un 9,71%. El primero suma un total de 11.825 millones de dólares de presupuesto y el segundo 10.701 millones.
Muchos expertos se asoman al espejo del pasado para explicar lo que sucede en una región donde se identifican dos ámbitos grandes del uso de los fondos castrenses: defensa y asuntos internos, dirigidos a la seguridad ciudadana o la represión con fines políticos como pasa en Nicaragua o Venezuela.
La falta de equipos para la Armada se circunscribe al ámbito de la defensa, si hablamos del caso de Brasil. Argentina sobrevuela también en esos intereses con la reciente compra de aviones de combate. Pero otros casos obedecen a la militarización de la seguridad pública, como México, Ecuador, El Salvador y Honduras. En cualquiera de estas situaciones, los militares son los ganadores a la sombra de las decisiones políticas.
Edgar Gutiérrez, excanciller guatemalteco, observa un reintegro de los ejércitos a espacios de poder, en referencia al peso que tuvieron las dictaduras militares de siglos pasados. “En los últimos años hay un regreso de los militares a la vida política de América Latina. Esto particularmente se está observando en Centroamérica, pero en otros varios países de América del Sur también. El retorno no es necesariamente voluntario, es por llamado de las autoridades legítimamente electas”.
Para Gutiérrez, en la crisis de seguridad causada por la violencia, los mandatarios no distinguen sobre el uso de las fuerzas civiles como la Policía y el de los militares para la defensa nacional, mientras otros países simplemente se apuntaron a una regresión de la democracia. Eso se evidencia en populistas que se hacen acompañar de fuerzas militares para intentar legitimar sus decisiones o mostrar fortaleza cuando son cuestionados.
También la politóloga Ana Yancy Espinoza, directora académica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, encuentra en el combate de la inseguridad ciudadana un fundamento para que algunos gobernantes terminen militarizando la seguridad pública. Casos como los del Triángulo Norte o Haití son ejemplos en ese sentido.
Para el Instituto sueco, República Dominicana tuvo como presupuesto militar 893,2 millones de dólares en 2023 para enfrentar la violencia de las pandillas de Haití. Entre tanto Honduras, El Salvador y Guatemala siguen concentrando importantes sumas en defensa: 539,8 millones de dólares, 453,7 millones y 422,3 millones, respectivamente.
La región más violenta del mundo es América Latina, recuerda Espinoza. Un informe del Banco Mundial (BM), publicado el 30 de enero de 2024, indica que el número de homicidios por persona es cinco veces mayor que en América del Norte y diez veces más que en Asia. El BM dice que en el territorio latinoamericano y del Caribe ocurre un tercio de los homicidios del planeta.
“Hay una tendencia en la región a militarizar la seguridad ciudadana y eso probablemente puede ser empujado por el éxito salvadoreño de los estados de excepción, que parece haber funcionado para controlar las pandillas y los procesos extorsivos que estaban en el centro de sus actividades, pero también aporta mucho al control interno”, consideró Espinoza.
En Nicaragua y Venezuela hay un fortalecimiento de la alianza política con la élite militar, lo que permite a las dictaduras prolongarse en el poder. Un equipo de expertos de Naciones Unidas denunció a las autoridades nicaragüenses por su férrea represión contra sus ciudadanos desde 2018, y llegó a comparar sus actuaciones con la de los nazis.
El régimen de Daniel Ortega ha incrementado el presupuesto de la Policía y el Ejército. Mientras tanto, instaló de facto un estado de excepción que prohíbe movilizaciones populares, persigue y espía a opositores, y una maquinaria judicial para encarcelar o desterrar a opositores, y hasta a privarlos de la nacionalidad. También confiscar sus bienes si hace falta.
Esta nueva militarización latinoamericana encuentra a una población que se debate entre la violencia, la sobrevivencia económica y el recurso extremo de migrar. Espinoza habla de un ciudadano que llegó a la conclusión de que la democracia no hizo “el milagro que se esperaba”, un amargo resultado cuando ya han pasado décadas desde el fin del mundo bipolar.
El fenómeno tiene otras dimensiones, como en Argentina, donde el populismo busca un espacio de participación. Es lo que ocurre con el presidente Javier Milei, que mientras canta en conciertos de rock, insulta a los “comunistas” y promueve sus excesivas medidas de ajuste y austeridad, acaba de comprar a Dinamarca al menos 24 aviones cazas F-16, por 650 millones de dólares, según cálculos del diario La Nación. CONNECTAS solicitó sin éxito una entrevista al ministro Luis Alfonso Petri para hablar sobre esa operación.
Armando Borrero, sociólogo colombiano, sostiene que el gobierno de extrema derecha de Milei compró los aviones debido a la presión de los militares por contar con algún tipo de aeronaves de superioridad aérea, en lo cual rompió la práctica de sus antecesores de debilitar a las Fuerzas Armadas por temor al viejo militarismo golpista. Aún es muy temprano para saber si Milei, acercándose a los cinco meses en el poder, buscará robustecer su vínculo con el Ejército, después de la purga que realizó en enero pasado.
Pero gastar más en armamento no garantiza los resultados que quieren los políticos. Por ejemplo, el mandatario mexicano saliente, Andrés Manuel López Obrador, deja una deuda de seguridad con sus conciudadanos. La periodista Nayeli Roldán, autora del libro La Austeridad Mata, opinó que el gobierno mexicano cerrará con el mayor número de asesinatos acumulados en los dos últimos sexenios con 173.378 hasta marzo de 2024.
En este Diálogo CONNECTAS conversamos sobre las consecuencias del uso de la fuerza armada en asuntos civiles:
“La violencia no ha acabado y, al mismo tiempo, el Ejército está teniendo (no sólo) más presupuesto, sino también más poder. Se encarga de la construcción de las obras prioritarias del presidente como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, los hoteles alrededor. También está a cargo de la administración de Aduanas, Aeropuertos, y eso sin duda alguna significa más poder para las Fuerzas Armadas, que no necesariamente tiene un impacto benéfico para la sociedad”, lamentó Roldán.
La prosperidad de estos negocios contrasta con la escasez en los hogares latinoamericanos. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) informó en noviembre de 2023 que más de 180 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que representa el 29 % de la población de la región.
De acuerdo con José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de CEPAL, 70 millones de personas no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos y casi un tercio de esta región vive en la pobreza.
A esa angustia debe sumarse también el clima bélico del mundo. Varios países de América Latina mantienen alianzas con países involucrados en situaciones de alto riesgo como Rusia, China e Irán. ¿Qué repercusiones internacionales puede tener el respaldo de algunos líderes latinoamericanos a esos regímenes autoritarios y antidemocráticos?
Como nunca antes desde el fin de la Guerra Fría, la realidad geopolítica se proyecta en la región. Colombia enfrenta el reto de renovar su defensa aérea después de romper relaciones diplomáticas con Israel por el genocidio en Gaza. Y el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, amenaza con crear un nuevo frente a partir de sus sospechosos reclamos a Guyana sobre el Esequibo. A estas alturas, como si fuera poco con sus pobrezas, los ciudadanos de la región deben mantenerse vigilantes ante un liderazgo político que parece echarle más gasolina al rancho ardiente
Fuente https://www.connectas.org/analisis/mas-poder-y-armas-a-militares-latinoamericanos/