GINEBRA – Los Estados y el sector privado deben emplearse más a fondo para atajar las repercusiones devastadoras que las transferencias de armas acarrean para los derechos humanos, según afirma un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado hoy.

Cuando vivimos el mayor número de conflictos violentos desde la Segunda Guerra Mundial, esas transferencias y el desvío de armas están contribuyendo a que se comentan actos de represión interna, violaciones y abusos de los derechos humanos y graves violaciones del derecho internacional humanitario, según se advierte en el informe.

“Las transferencias de armas son un ámbito en el que también se deben respetar los derechos humanos, como deja claro nuestro informe. Los Estados y los actores privados tienen obligaciones y responsabilidades claras en virtud del derecho y las normas internacionales”, afirmó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe detalla los retos relacionados con la corrupción y los conflictos de intereses en la industria armamentística, así como el desequilibrio que existe entre lo que los Estados y el sector privado deberían llevar a cabo, y lo que hacen en la práctica, para prevenir, hacer frente y mitigar las repercusiones negativas para los derechos humanos que acarrean las transferencias de armas.

El oportunismo político y los objetivos económicos limitados suelen desembocar en la autorización de transferencias de armas cuando existen riesgos reales de que pueden contribuir a violaciones del derecho internacional.

“Deben redoblarse los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar a quienes ayudan a perpetrar crímenes internacionales mediante transferencias de armas. También deben revisarse y eliminarse los obstáculos que impiden impugnar eficazmente las decisiones relacionadas con la transferencia de armas por medio de tribunales independientes”, indicó el Alto Comisionado.

El informe destaca además que las empresas suelen carecer de políticas de derechos humanos y procesos de diligencia debida para evaluar de forma independiente los riesgos de violaciones.

“Los Estados y el sector privado deben adoptar más medidas para subsanar las carencias en materia de cumplimiento y actuar de forma efectiva para prevenir, hacer frente y mitigar las repercusiones negativas que las transferencias de armas acarrean para los derechos humanos”, afirmó el Alto Comisionado. “Para abordar estos problemas sistémicos, las transferencias de armas deben estar sujetas a una mayor supervisión y rendición de cuentas”.

En el informe se pide a los Estados que lleven a cabo evaluaciones sólidas de los riesgos, se abstengan de realizar transferencias de armas prohibidas, prevengan las transferencias ilícitas de armas por parte de terceros y garanticen la supervisión judicial de las transferencias y la provisión de recursos efectivos a las víctimas. El sector privado tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso emprendiendo una diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos.

Para leer el informe completo, haga clic en el siguiente enlace: https://docs.un.org/es/A/HRC/58/41