El 31 de Marzo decenas de organizaciones, dirigentes políticos y sociales, activistas de derechos humanos y académicos suscribieron una carta consignada ante la Cancillería, demandando que el gobierno dominicano acate las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con las políticas israelíes que violan los derechos humanos del pueblo palestino, incluyendo su derecho a la autodeterminación nacional, en el marco del apartheid, la ocupación y el genocidio que perpetra Israel.
Tal y como se constata en dicha carta, la opinión consultiva emitida por la CIJ el 19 de julio de 2024 estableció que la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania es ilegal y debe concluir lo antes posible, incluyendo el cese de las actividades de asentamiento de colonos y el retiro de aquellos ya establecidos ilegalmente en territorio palestino. La CIJ llama a los Estados a honrar su obligación de no validar la ocupación ilegal israelí ni prestar ayuda o asistencia a dicha ocupación, y a asegurar que Israel cumpla sus obligaciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, el dictamen de la CIJ del 26 de enero de 2024 acerca de las acciones de Israel en Gaza y Cisjordania, que ha dejado decenas de miles de personas asesinadas, estableció medidas provisionales contra Israel, tendientes a poner fin a acciones que plausiblemente constituyen el delito de lesa humanidad de genocidio, pero el Estado de Israel incumplió sistemáticamente dichas medidas, aseveran los adherentes a la carta dirigida a la Cancillería.
Adicionalmente, una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU emitió en marzo de 2025 un informe en el que da cuenta del aumento de la violencia sexual y de género por parte del Estado de Israel contra personas palestinas detenidas y que dicha violencia forma parte de una "estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino", que los actos documentados "equivalen al crimen de lesa humanidad de exterminio", incluyendo la imposición de condiciones de vida calculadas para causar la destrucción física de los palestinos y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos, así como diversos crímenes de guerra. A juicio de los firmantes de la carta, estos graves crímenes generan implicaciones serias para el Estado dominicano, dada su alianza política con el Estado de Israel.
Se destaca, adicionalmente, el asesinato por parte del Estado de Israel de miles de periodistas, trabajadores de la salud, trabajadores humanitarios, así como la detención arbitraria y la tortura contra miles de ellos.
En virtud de estas consideraciones, los firmantes llaman al gobierno dominicano a “garantizar y respetar todos los aspectos del derecho internacional en materia de prevención y castigo del genocidio y el apartheid, establecidos en el Estatuto de Roma y la Convención de Ginebra, de los que el Estado dominicano es signatario”. En tal sentido, exigen prohibir la importación y comercialización de los productos de los asentamientos ilegales israelíes y poner fin a toda relación directa o indirecta con las empresas que operan en ellos; garantizar que no se reconozca ni ayuden a mantener la ocupación ilegal israelí y aplicar sanciones, entre otras medidas.
Asimismo poner fin a todo comercio militar y cooperación e investigación de doble uso, colaborando con los esfuerzos multilaterales para poner fin a las violaciones israelíes a los tratados en materia de discriminación racial, y cortar las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y poner fin a cualquier programa de cooperación con el Estado israelí, anunciando que el Estado dominicano cumplirá con sus obligaciones legales de implementar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por su responsabilidad en incontables crímenes de guerra.
A juicio de los adherentes, estas medidas demostrarían un compromiso real por parte del gobierno dominicano con los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano y con rango constitucional. Reconocen como un imperativo moral y político de nuestros tiempos no ser cómplices del genocidio contra el pueblo palestino, rompiendo toda relación diplomática, económica, militar y cultural con el Estado de Israel.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Movimiento Dominicano de Solidaridad con Palestina, Opción Democrática, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana, la Fuerza Juvenil Dominicana (FJD), la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU), Militancia Revolucionaria Socialista y la agrupación estudiantil MIEL 19.