Un nuevo episodio de sangre sacudió a la comunidad haitiana en República Dominicana, específicamente en el barrio Villa La Fe, del distrito municipal Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, el pasado jueves 10 de abril, donde zonas residenciales fueron atacadas por agentes de la DGM y militares dominicanos, resultando en la muerte de un trabajador haitiano. 

La Dirección General de Migración (DGM) se adelantó en publicar ese mismo día, sin mencionar que su declaración resulta de una investigación preliminar, que "un nacional haitiano en estatus irregular falleció... tras saltar desde un tercer piso y caer al pavimento, en huida para no ser interdictado por las autoridades". Además señala que el "extranjero, de generales desconocidas por carecer de documentos, cuando se percató de la cercanía de las brigadas de interdicción intentó escapar saltando desde un edificio a otro, sin alcanzar su objetivo". Vecinos, testigos y defensores de derechos humanos desmienten a la Dirección General de Migración (DGM). 

El intento de encubrimiento por parte de las autoridades ha quedado al descubierto gracias a la denuncia de testigos que denuncian que el obrero haitiano fue arrojado del techo de edificio residencial en el sector Villa La Fe y una investigación del Colectivo #HaitianosRD que evidencia inconsistencias en la versión de la DGM. 

Las inconsistencias en la versión de la DGM son múltiples. La primera es que la DGM afirmó que se trató de un trabajador indocumentado. Pudimos constatar que tenía pasaporte y su nombre era Constant Laventure. Según la institución, la víctima intentó escapar saltando desde un edificio a otro. Pero no hay otro edificio cercano a la edificación de tres pisos desde cuyo techo cayó Laventure y el punto de impacto está aproximadamente un metro de distancia de la pared del edificio residencial. Las estructuras más cercanas son un muro que deslinda un solar y a una distancia mayor una vivienda con techo de zinc, no existe el supuesto edificio mencionado por la DGM. Y en el caso de que hubiera saltado, la altura de aproximadamente diez metros del edificio podría haberle causado fracturas en las extremidades inferiores, así que el impacto mortal correspondería con mayor probabilidad a que Laventure haya sido empujado o lanzado desde el techo, no a un salto. Las incoherencias y comprobadas falsedades en la versión oficial indican que es necesaria y urgente una investigación criminal por el presunto asesinato de Constant Laventure. 

Constant acababa de cumplir 42 años de edad el pasado 25 de marzo y era trabajador en una de las construcciones hoteleras de Verón-Punta Cana. Los vecinos afirman que fueron "guardias" quienes lo empujaron de la tercera planta de un edificio residencial causándole la muerte. Varias personas contactadas nos describen a Constant como una persona de carácter pacífico, amable y calmado. Una vecina dominicana lo describe así: “ese mucho que cayó ahí no es un muchacho de problemas… es un muchacho de trabajo, un muchacho tranquilo, que nunca ha discutido con nadie ni ha tenido problemas con nadie”. Vivía en el tercer piso de ese edificio residencial, y no tenía esposa ni hijos. Una vecina haitiana declaró: "Este tipo nunca se metió en asuntos ajenos... Ahorró todo el dinero que tenía, porque su maleta ya estaba preparada para ir a Haití. Un guardia grande, con barriga grande que lo arrojó". Vecinos indican que Constant fue víctima del robo de una suma importante de dinero y que ese fue el móvil del asesinato, para que no denunciara. La grabación de una cámara de video fue sustraída por los militares, denuncian los vecinos.

Esta muerte violenta ocurrió en el marco de un operativo conjunto de agentes de la DGM y efectivos del Ejército. Moradores/as de la zona han denunciado que la DGM y del Ejército rompieron puertas, saqueando las casas, sin ninguna orden judicial. En uno de los videos grabados durante dicho operativo, se puede apreciar a efectivos del Ejército amenazar a los vecinos con represalias por grabar sus actuaciones e intentar arrebatar el celular de una persona que graba el operativo ilegal. 

A raíz de la militarización de Verón-Punta Cana, luego de la marcha antihaitiana del 30 de marzo, han aumentado drásticamente los incidentes de violencia, extorsión, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y abuso sexual por parte de policías, militares y agentes migratorios en la zona. Llamamos a la Procuraduría General de la República a no dejar estos abusos en la impunidad e iniciar de oficio una investigación.

Existen numerosos antecedentes de lanzamiento de personas desde techos de casas y edificios en los operativos migratorios. Entre ellos, el caso de Mikelson Germain, que fue lanzado del techo de una vivienda, en el mismo distrito municipal Verón-Punta Cana, el 11 de septiembre del 2024, agresión que quedó registrada en video. Gabriel Pierre también denuncia que fue lanzado al vacío por agentes migratorios el 17 de septiembre, en la Plaza Buhoneros de la capital dominicana. Germain y Pierre sobrevivieron y pudieron señalar a los agentes agresores, sin embargo sus casos no han sido procesados por el sistema judicial, evidenciando discriminación. Rechazamos que la declaración de la DGM sobre el caso de Laventure se haya emitido sin que haya mediado una investigación independiente sobre los hechos y sin siquiera averiguar la indentidad de la víctima. Pedimos justicia por Laventure, Germain y Pierre, y todas las víctimas de asesinatos por parte de agentes del Estado dominicano en el contexto de las deportaciones masivas que ha impulsado el gobierno de Luis Abinader. 

Exigimos que se investigue el presunto asesinato de Constant Laventure de manera expedita y se sancione tanto a sus ejecutores directos como a sus superiores jerárquicos. De igual forma exigimos que cesen las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, abusos sexuales y demás crímenes perpetrados por las autoridades, que se han intensificado luego de la orden gubernamental de octubre de 2024 de expulsar a 10 mil personas haitianas por semana. Estas arbitrariedades sistemáticas constituyen un Estado de excepción de facto, que lesiona las libertades democráticas y garantías constitucionales, agudizando la persecución racial. El discurso del presidente Abinader del 6 de abril aumenta las violaciones a la Constitución y tratados internacionales suscritos por el Estado dominicano, especialmente el artículo 61 de la Constitución que garantiza el derecho a la salud gratuita a todas las personas, sin condicionamientos raciales, de nacionalidad o de estatus migratorio, y la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.