Santo Domingo. Miles de personas respondieron este domingo a la convocatoria de una amplia coalición de organizaciones sociales, activistas y ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos, concentrándose frente al Palacio Nacional para exigir la aprobación de un Código Penal que garantice justicia, equidad y dignidad para todas las personas en la República Dominicana.

La manifestación, realizada en un ambiente pacífico y contundente, dejó claro que una parte importante del pueblo dominicano rechaza la versión del Código Penal que se estudia actualmente en el Congreso Nacional, por considerar que protege a corruptos y agresores, y excluye derechos fundamentales, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, voceras de la coalición expresaron:

“Lo que se nos prometió como una reforma moderna y justa, adaptada a los tiempos que vivimos, ha resultado ser un documento que, lejos de avanzar, perpetúa omisiones históricas, abre puertas a la impunidad y atenta contra los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Asimismo, se denunció que el proyecto actual:

• Criminaliza el derecho a la protesta social.
• Permitiría que prescriban delitos de corrupción contra el Estado.
• Exime de responsabilidad jurídica a partidos políticos y alcaldías.
• Hace prescribir delitos de abuso sexual infantil.
• Otorga inmunidad penal a representantes de iglesias.
  
• Niega a las mujeres y niñas el derecho a decidir sobre su salud y su vida, al excluir las tres causales para la interrupción del embarazo.

Las organizaciones participantes recordaron que el actual Código Penal, vigente desde 1884, penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, condenando tanto a las mujeres como al personal médico que lo practique, incluso en situaciones extremas como violación, riesgo para la vida o malformaciones del feto incompatibles con la vida.

También señalaron que esta reforma representa una traición a las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, quien aseguró en 2020 que impulsaría una legislación que garantizara los derechos de las mujeres y la inclusión de las tres causales. “A casi seis años de gobierno, no solo no ha cumplido su promesa, sino que respalda una propuesta peligrosa y regresiva”, afirmaron.

La coalición convocante hizo un llamado firme al Congreso Nacional y al presidente de la República para que se escuchen las demandas legítimas de la sociedad civil y se introduzcan las modificaciones necesarias para que el nuevo Código Penal responda a los estándares del siglo XXI.

Recordaron que estas demandas han sido expresadas de forma sistemática, especialmente durante las vistas públicas realizadas en la legislatura anterior, y que representan el sentir de amplios sectores sociales que aspiran a una justicia realmente inclusiva, moderna y garantista.

“El pueblo habló hoy, y seguirá hablando hasta lograr un Código Penal justo, coherente con los derechos humanos y alineado con los desafíos actuales de nuestra sociedad. Las y los legisladores aún están a tiempo de corregir el rumbo y legislar en favor de todas las personas”, concluyeron.