Marcha Verde, como movimiento político-social apartidista conformado por ciudadanía y sectores organizados comprometidos con el fin de la impunidad, y la lucha contra la corrupción considera que las autoridades que asumieron la conducción del gobierno, el Congreso y las alcaldías con el voto de la ciudadanía, están en el deber de actuar sometiendo al Ministerio Público los casos de corrupción que se están denunciando por diversas vías.
El pueblo que se ha vestido de verde para reclamar en las calles cárcel a los corruptos, recuperación de lo robado, sigue vigilante y no parará de luchar hasta que se haga justicia contra los que se han robado el dinero público negándole con ello el derecho a los ciudadanos a recibir servicios públicos de calidad en salud, educación, vivienda, trabajo, salarios justos que le permitan vivir con dignidad.
La sociedad dominicana ha sido burlada de manera reiterada por quienes han gobernado. Aún retumba en los oídos del pueblo el discurso del ex-presidente Danilo Medina cuando decía en su discurso de toma de posesión en el 2012 con estas palabras: “Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país, mediante la lucha decidida contra la criminalidad y la corrupción”. El pueblo no olvida aquel: “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga” o la solemne sentencia: “en mi Gobierno no habrá vacas sagradas”; por esa razón, el pueblo reclama la lucha contra la corrupción pasa porque no haya impunidad, para ningún funcionario ni de antes ni de ahora.
El Ministerio Público debe investigar y fortalecer los expedientes de corrupción que surjan del anterior gobierno, y al mismo tiempo debe investigar las denuncias de corrupción surjan en el gobierno actual, y someter a la justicia a los culpables.
Marcha Verde demanda que se cumpla la ley con los funcionarios públicos que no han hecho su declaración jurada de bienes, no dándoles un plazo, sino separándolos definitivamente de su función. Reiteramos: no al borrón y cuenta nueva.
Exigimos que sean investigadas todas las declaraciones juradas de bienes entregadas para verificar la validez de las mismas, con pruebas. Que esta información sea pública. Que en los casos que se compruebe que hubo falsedad de información haya consecuencias definitivas con esos funcionarios.
En el caso de las denuncias sobre la Ministra de la Juventud, las mismas deben ser investigadas a la mayor brevedad posible, por lo que proponemos que si al terminar la investigación se pueda demostrar su culpabilidad, entonces sea separada del cargo.
El combate a la corrupción y avanzar hacia un Estado de tolerancia cero con la impunidad, requiere que se respete la autonomía y se dispongan los recursos necesarios en el presupuesto general del Estado para que ese ministerio cumpla su función.
Igual respaldo requiere la Dirección General de Contrataciones Públicas que ha iniciado procesos concretos para el cumplimiento de la Ley 340-06, como es la depuración de registros de proveedores del Estado vinculados directa e indirectamente a funcionarios, y ha comenzado a someter expedientes de grandes estafas públicas al Ministerio Público, acciones que deben conducir al fortalecimiento de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, que es el dinero que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Comunicado
La gravedad de los casos de corrupción que se están descubriendo, nos convoca para ser más vigilantes que nunca, para exigir acciones concretas, para reconocer las acciones que se vayan adoptando en ese sentido. Exigiendo consecuencias en todos los casos de corrupción que han devastado el erario público.