La versión Jean Alain del caso Odebrecht, concebida como un traje a la medida para la impunidad, arrojó el resultado previsto y denunciado varias veces por Marcha Verde: "En la lista falta gente, incluyendo presidentes”.
Jean Alain limitó el caso para favorecer a su grupo político, por eso dejó fuera las denunciadas sobrevaluaciones, las ilegales financiaciones de campañas electorales y la gigantesca estafa en la termoeléctrica Punta Catalina. Así armó el expediente trunco y maltrecho que terminó favoreciendo la impunidad.
Lo acontecido con la estafadora empresa Odebrecht despertó las ansias de nuestra sociedad, que se ha manifestado exigiendo el fin de la impunidad en ese y en todos los casos de corrupción.
El fin de la impunidad es un grito a una sola voz, urge un país sin corrupción, una sociedad que respete la dignidad, un Estado que garantice derechos e invierta los recursos en solucionar las necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad.
El ministerio público, la PEPCA y la Dirección de Persecución han anunciado en varias ocasiones que trabajan en una nueva versión del caso Odebrecht que completará los temas faltantes.
Es urgente el inicio de la operación Odebrecht 2.0, sin exclusiones ni favoritismos. La pretendida "comedia" montada por Jean Alain ha pasado a ser una tragedia para la sed de justicia de nuestro pueblo.
La activación del caso Lavajato en Brasil ha implicado la persecución y fuertes consecuencias directas contra el poder corrupto, incluyendo el apresamiento de expresidentes en varios países. Sin embargo, Odebrecht encontró un paraíso jurídico en la República Dominicana, por eso movió a nuestro país su oficina internacional de sobornos y operó su mecanismo desde el propio Palacio de Gobierno con el despacho de Joao Santana.
Al destaparse el caso en nuestro país, la empresa consiguió un acuerdo favorable que le permitió seguir operando sin penalización e incluso, aunque parezca increíble, en medio del proceso demandó al Estado y ganó la demanda por sobrecostos en Punta Catalina.
Todo este abuso obliga a que la nueva Procuraduría General de la República actúe frontalmente y procure la justicia, así como la recuperación de lo robado, que tanto ansía nuestro pueblo.
Comunicado de prensa